Os pongo en contexto. Zona desfavorecida o de especial vulnerabilidad. La típica barriada que entra en todos los planes de ayuda del ayuntamiento, pero en la que parece que nunca cambia nada. Un barrio empobrecido, abandonado por la administración, de una ciudad medio grande de España. Un sitio al que el lector medio no se iría a vivir, por lo que sea.
Allí vive nuestra protagonista, a la que llamaremos María.
La historia familiar de María es complicada, como os imaginareis por el título. María es hija de Antonia –una vez más, es un nombre ficticio– madre soltera, a la que su marido abandonó ni recuerda cuando, y que no tenía nada. Incluso la casa era “regalada” (vendida a un precio ridículo) por el patronato de la iglesia allá por los años 80. María, además, tiene una hermana, Rocío, de la que los servicios sociales se hicieron cargo desde pequeñita, encontrando una acogida permanente en un familiar; su tía.
María, mayor que Rocío, si vivió con su madre, supo sobreponerse a la situación, no dejarse arrastrar por el abandono que fue lo único que su madre pudo ofrecerle, y supo buscarse la existencia sin caer en todas las piedras que le puso el camino de la vida, o al menos levantándose de ellas. Estudió para ser técnica sociosanitaria en instituciones sociales e hizo las prácticas en un centro de día. Después se buscó las habichuelas, se lio la manta a la cabeza y se fue, con una mano delante y la otra detrás, a la gran capital, trabajando de ayudante de cocina, camarera, dependienta de tiendas de ropa, vendedora en grandes almacenes, como camarera de piso en un hotel de la Warner o cuidando a personas dependientes.
Pero su madre falleció hace poco, y ahora, a sus 43 años, ha tenido que dejarlo todo y volverse de allí. Su madre sólo les ha dejado a ella y a su hermana la casa y un montón de deudas.
Su hermana Rocío le hacía la vida imposible a su tía, con la que vivía en acogida, y acabó en un centro de menores. Pero se escapó a la semana de estar allí y nunca volvió. Vivió en la calle, y en ese ambiente conoció a su pareja con la que tiene un hijo. Estuvo viviendo con él de okupas o con su familia, pero ahora que su madre ha muerto, ha llegado a casa, en la que ya estaba María, y ha dicho que se viene a vivir allí. Lógico, también es su casa. Ya es mayor de edad y cuando cumplió 18 años, la Junta de Andalucía le pagó casi 30.000€ por llevarse toda su vida en el sistema de protección de menores, se supone que para que pudiera rehacer su vida a partir de ese momento. Evidentemente, es de suponer que malgastó ese dinero.
Lo malo es que tanto Rocío como su pareja tienen unos hábitos… poco saludables. Ambos cobran el IMV y entre ambos reúnen al mes casi 2000€ sólo con este ingreso. No buscan trabajo ni están muy motivados a cambiar de hábitos o estilo de vida, por mucho que hayan tenido un hijo.
Y en esta casa comenzaron las discusiones, las peleas, agresiones por parte de la pareja de Rocío hacía María… incluso intentos de envenenamiento. Todo porque María dejara de “dar por culo” o se fuera de casa. María pretendía construir una convivencia al menos aceptable, pero Rocío y su pareja no estaban por la labor.
Y María tuvo que salir de esa casa, lo único que tenía, y de un día para otro se vio en la calle, sin trabajo, sin techo, sin nada, por culpa de su hermana. Todos a su alrededor le decían que denunciara. Pero ¿cómo se denuncia a una hermana con tu sobrina?
Apareció por el sitio donde trabaja el que escribe. Nos contó su historia y le ayudamos a tramitar el IMV. Ahora cobra 650€ y ha podido irse a una habitación a vivir y empezar de nuevo.
No es cuestión de este artículo contaros qué va a hacer con su hermana, si va a intentar que le pague la mitad del piso, que lo vendan, denunciarla o lo que sea que pretenda hacer.
El caso que nos ocupa es reflexionar sobre la otra cara del IMV. El educador social y orientador sociolaboral que les habla piensa que está claro que es una prestación fundamental e indispensable para ayudar a algunas personas o familias a salir de la situación en la que están. Pero en ningún caso debe convertirse en un aliciente para no hacer nada, en una “paguita”. Hacen falta más medios de control para que la persona que reciba esta ayuda no se “apalanque”, como estamos viendo que puede pasar. Uno de los requisitos o compromisos que adquiere la persona que recibe el IMV es la de participar en programas de inclusión, pero al ser el IMV una ayuda estatal y los programas de inclusión, normalmente, autonómicos o provinciales, no hay manera de hacer seguimiento real a si la persona da los pasos pertinentes para ello; al menos no con los recursos disponibles, ya que las administraciones no suelen cruzar esos datos o coordinarse lo suficiente como para llevar a cabo todos los procesos de inclusión que se deberían desarrollar con ciertas personas o familias. Y para más inri, los servicios sociales comunitarios, en los que debe estar Rocío “fichada” están tan colapsados que, si por “arte de magia” fueran a darse cuenta de lo que está ocurriendo, seguramente fuera meses después y no pudieran hacer mucho.
El IMV debe ser una prestación que lleve aparejada un acompañamiento individualizado y personalizado por personas especializadas en dirigir procesos de orientación sociolaboral. No podemos dejar a estos ciudadanos abandonados a su libre albedrio, por que eso conlleva riesgos, que hacen que se desvirtúe el valor de esta ayuda.
Y si esto no es posible, no se antoja muy complicado buscar alternativas. Si los servicios de empleo autonómicos o cualquier otro similar pudieran conocer que la persona cobra el IMV, y que estuviera obligado a trabajar si se le ofreciera algo, sería suficiente. Aunque esta tampoco se antoja la medida definitiva, pero sería un paso.
Todavía mucho por avanzar.